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Constitución de la II República 1931

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA 1931

España, en uso de su soberanía, y representada por las Cortes Constituyentes, decreta y sanciona esta Constitución.

 

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia.

Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo.

La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones. La bandera de la República española es roja, amarilla y morada.

Artículo 2. Todos los españoles son iguales ante la ley.

Artículo 3. El Estado español no tiene religión oficial.

Artículo 6. España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.

 

 

TÍTULO PRIMERO

Organización nacional.

 

 

Artículo 8. El Estado español, dentro de los límites irreductibles de su territorio actual, estará integrado por Municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyan en régimen de autonomía.

 

 

TÍTULO III

Derechos y deberes de los españoles.

CAPITULO PRIMERO

Garantías individuales y políticas.

 

Artículo 25. No podrán ser fundamentos de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas.

   El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios.

   Artículo 26. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial.

   El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas.

   Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero.

   Quedan disueltas aquellas Ordenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado.  Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes.

   Las demás Ordenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes bases:

   1. Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del Estado,

   2. Inscripción de las que deban subsistir, en un Registro especial dependiente del Ministerio de justicia.

   3. Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes que los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos.

   4. Prohibición de ejercer la industrial el comercio o la enseñanza.

   5. Sumisión a todas las leyes tributarias del país.

   6. Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines de la Asociación.

   Los bienes de las Ordenes religiosas podrán ser nacionalizados.

   Artículo 27. La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública.

   Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil.  No podrá haber en ellos separación de recintos por motivos religiosos.

   Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente.  Las manifestaciones públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno.

   Nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas.

   La condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil ni política salvo lo dispuesto en esta Constitución para el nombramiento de Presidente de la República y para ser Presidente del Consejo de Ministros.

Artículo 36. Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes.

CAPITULO II

Familia, economía y cultura.

  Artículo 43. La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado.  El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa.

  Los padres están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos. El Estado velará por el cumplimiento de estos deberes y se obliga subsidiariamente a su ejecución.

  Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que respecto de los nacidos en él.

  Las leyes civiles regularán la investigación de la paternidad.

  No podrá consignarse declaración alguna sobre la legitimidad o ilegitimidad de los nacimientos ni sobre el estado civil de los padres, en las actas de inscripción, ni en filiación alguna.

  El Estado prestara asistencia a los enfermos y ancianos, protección a la maternidad y a la infancia, haciendo suya la "Declaración de Ginebra" o tabla de los derechos del niño.

   Artículo 44. Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas, con arreglo a la Constitución y a las leyes.

   La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización, a menos que disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes.

   Con los mismos requisitos la propiedad podrá ser socializada.

   Los servicios públicos y las explotaciones que afecten al interés común pueden ser nacionalizados en los casos en que la necesidad social así lo exija.

   El Estado podrá intervenir por ley la explotación y coordinación de industrias y empresas cuando así lo exigieran la racionalización de la producción y los intereses de la economía nacional.

  En ningún caso se impondrá la pena de confiscación de bienes.

   Artículo 45. Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye tesoro cultural de la Nación y estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá prohibir su exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales que estimare oportunas para su defensa. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación.

   El Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico.

   Artículo 46. El trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social, y gozará de la protección de las leyes.

   La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna.  Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidentes, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar; las vacaciones anuales remuneradas: las condiciones del obrero español en el extranjero; las instituciones de cooperación, la relación económico-jurídica de los factores que integran la producción; la participación de los obreros en la dirección, la administración y los beneficios de las empresas, y todo cuanto afecte a la defensa de los trabajadores.

   Artículo 47. La República protegerá al campesino y a este fin legislará, entre otras materias, sobre el patrimonio familiar inembargable y exento de toda clase de impuestos, crédito agrícola, indemnización por pérdida de las cosechas, cooperativas de producción y consumo, cajas de previsión, escuelas prácticas de agricultura y granjas de experimentación agropecuarias, obras para riego y vías rurales de comunicación. La República protegerá en términos equivalentes a los pescadores.

   Artículo 48. El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada.

   La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria.

   Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada.

   La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle condicionado más que por la aptitud y la vocación.

   La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana.

   Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos.

   Artículo 49. La expedición de títulos académicos y profesionales corresponde exclusivamente al Estado, que establecerá las pruebas y requisitos necesarios para obtenerlos aún en los casos en que los certificados de estudios procedan de centros de enseñanza de las regiones autónomas. Una ley de Instrucción pública determinará la edad escolar para cada grado, la duración de los periodos de escolaridad, el contenido de los planes pedagógicos y las condiciones en que se podrá autorizar la enseñanza en los establecimientos privados.

  Artículo 50. Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas, de acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, y ésta se usara también como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. El Estado podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República.

   El Estado ejercerá la suprema inspección en todo el territorio nacional pata asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Artículo y en los dos anteriores.

   El Estado atenderá a la expansión cultural de España estableciendo delegaciones y centros de estudio y enseñanza en el extranjero y preferentemente en los países hispanoamericanos.

 

TÍTULO IV

Las Cortes.

  Artículo 51. La potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce por medio de las Cortes o Congreso de los Diputados.

TÍTULO V

Presidencia de la República.

   Artículo 67. El Presidente de la República es el jefe del Estado y personifica a la Nación.

   La ley determinará su dotación y sus honores, que no podrán ser alterados durante el periodo de su magistratura.

   Artículo 68. El Presidente de la República será elegido conjuntamente por las Cortes y un numero de compromisarios igual al de Diputados.

 

TÍTULO VI

Gobierno.

   Artículo 86. El Presidente del Consejo y los Ministros constituyen el Gobierno.

   Artículo 87. El Presidente del Consejo de Ministros dirige y representa la política general del Gobierno. Le afectan las mismas incompatibilidades establecidas en el art. 70 para el Presidente de la República.

   A los Ministros corresponde la alta dirección y gestión de los servicios públicos asignados a los diferentes Departamentos ministeriales.

 

TÍTULO VII

Justicia.

   Artículo 94. La justicia se administra en nombre del Estado.

   La República asegurará a los litigantes económicamente necesitados la gratuidad de justicia.

Los períodos de la II República

Cualquier intento de conocer la historia de la II República debe partir previamente de una periodización histórica, para que en todo momento sepamos situar cualquier acontecimiento.

La Dictadura de Miguel Primo de Rivera abarca de septiembre de 1923 a enero de 1930. A continuación llega el período, llamémosle de transición que transcurre desde la caída de Miguel Primo de Rivera, hasta el 14 de abril de 1931, que se produce la proclamación de la II República. Los hechos más relevantes de esta etapa son el gobierno de Berenguer, el Pacto de San Sebastián, las insurrecciones de Jaca y Cuatro Vientos y las elecciones del 12 de abril de 1931. Cuarenta y ocho horas después, la II República comenzaba, cuyas etapas son las siguientes:

              Abril  a diciembre de 1931, abarca el Gobierno Provisional (hasta octubre presidido por Niceto Alcalá Zamora, y luego por Azaña), la elección de Cortes Constituyentes, la elaboración de la Constitución y la elección de presidente de la República en la persona de Niceto Alcalá Zamora. En este período se rompe eel consenso de las primeras semanas, aparece una importante conflictividad entre Iglesia y Estado, y entre el Gobierno de la República y el sector más radical del movimiento obrero.

            Diciembre de 1931 a noviembre  de 1933 va el bienio reformador , caracterizado por el Gobierno de republicanos de izquierda y socialistas con una modificación poco importante en junio de 1933. En este período se promulgan dos leyes básicas, Reforma Agraria y Estatuto de Autonomía para Cataluña, logradas a pesar de la obstrucción de los grupos parlamentarios de derechas y gracias al estado emotivo que despierta el fracaso de la sublevación del 10 de agosto de 1932 de Sanjurjo.

            La brutal represión de Casa Viejas que daña enormemente al Gobierno ; la anticlerical Ley de Congregaciones Religiosas y las dificultades  agrícolas derivadas de las importaciones de trigo en 1932, son explotadas por los enemigos del sistema y hacen perder al gobierno Azaña el consenso obtenido en el segundo semestre de 1932. Las elecciones de noviembre de 1933, presididas por el gobierno de Martínez Barrio, son la bisagra entre entre el bienio reformista y el siguiente.

            El bienio negro, o restaurador abarca de diciembre de 1933 a diciembre de 1935. En este segundo bienio, los centros de decisión no están políticamente ni socialmente en las mismas manos. A un gobierno de intelectuales y pequeños birgueses en coalición con una representación obrera, sucede el presidido por Lerroux, con hegemonía política del partido radical y hegemonía social de la burguesía republicana. En el Parlamento, de mayoría radical-cedista, hay representantes de la oligarquía socio-económica. Es significativo que la Presidencia de las Cortes, ocupada en el primer bienio por Besteiro, la tenga ahora Santiago Alba, varias veces ministro de la Monarquía.

            El segundo bienio registra su punto de inflexión  en la revolución de octubre de 1934: un nuevo gobierno de Lerroux con tres ministros de la CEDA y la consiguiente huelga insurreccional  de Asturias. Vencida ésta, la oligarquía tradicional recobra al aparato del Estado. El bienio negro no terminó en tragedia, sino en la vergonzosa farse del estraperlo que liquidó al partido radical y la posibilidad de un gobierno mantenido por las mayorías salidas de las elcciones de noviembre de 1933.

            Hay una segunda bisagra, desde el 31 de diciembre de 1935 hasta el 16 de febrero de 1936 o hasta el día 19, en que Azaña forma su gobierno de republicanos de izquierda (Unión Republicana e Izquierda Republicana) apoyado parlamentariamente por todos los grupos que formaron el Frente Popular.

            El período febrero-julio de 1936, significa la reconquista de los órganos de poder político por el econjunto de clases de raigambre popular y un peligro serio para las viejas estructuras agrarias que la oligarquía había mantenido incólumes paralizando cualquier posibilidad de reforma agraria. El período acaba con el inicio de la Guerra Civil, como consecuencia de un golde estado frustrado.

El Pacto de San Sebastián 17 agosto de 1930

 

“LAS IZQUIERDAS ESPAÑOLAS

 

San Sebastián, 18 [de agosto de 1930]

 

Todas las personalidades del republicanismo español citadas en la nota que más adelante reproducimos, celebraron el domingo al mediodía, en el Hotel de Londres, una reunión preliminar para cambiar impresiones brevemente y se convino reunirse a las tres de la tarde en el domicilio social de la Unión Republicana de San Sebastián.

 

La reunión de dichos elementos comenzó a las tres y media y terminó algo después de las seis. Al final se facilitó a los periodistas la siguiente nota oficiosa:

 

«En el domicilio social de la Unión Republicana, bajo la presidencia de don Fernando Sasiaín, se reunieron esta tarde don Alejandro Lerroux y don Manuel Azaña, por la Alianza Republicana; don Marcelino Domingo, don Álvaro Albornoz y don Ángel Galarza, por el Partido Republicano Radical-Socialista, y don Niceto Alcalá Zamora y don Miguel Maura por la Derecha Liberal Republicana; don Manuel Carrasco Formiguera, por Acció Catalana; don Matías Mallol Bosch, por la Acción Republicana de Catalunya; don Jaime Aiguadé, por “Estat Catalá”, y don Santiago Casares Quiroga, por la Federación Republicana Gallega, entidades que juntamente con el Partido Federal Español -el cual, en espera de acuerdo de su próximo Congreso, no puede enviar ninguna delegación- integran la totalidad de los elementos republicanos del país.

 

A esta reunión asistieron también, invitados con carácter personal, don Felipe Sánchez Román, don Eduardo Ortega y Gasset y don Indalecio Prieto, no habiendo podido concurrir don Gregorio Marañón por hallarse ausente en Francia, y de quien se leyó una entusiasta carta de adhesión [...].

 

Examinada la actual situación política, todos los representantes concurrentes llegaron, en la exposición de sus peculiares puntos de vista, a una perfecta coincidencia, la cual quedó inequívocamente confirmada en la unanimidad con que se tomaron las diversas resoluciones adoptadas.

La misma absoluta  unanimidad hubo al apreciar la conveniencia de gestionar rápidamente y con ahínco la adhesión de las demás organizaciones políticas y obreras, que en el acto previo de hoy no estuvieron representadas, para la finalidad concreta de sumar su poderoso auxilio a la acción que, sin desmayos, pretenden emprender conjuntamente las fuerzas adversas al actual régimen político».

 

Ampliando la nota anterior, podemos decir que la cuestión batallona de la reunión fue el criterio mantenido por la representación catalana, expuesto claramente por el señor Carrasco Formiguera en el sentido de que para tomar parte en el hecho revolucionario necesitan ellos el reconocimiento de la personalidad catalana, pues no pueden prescindir de ser catalanes, aunque sean republicanos.

 

Unánimemente se mantuvo entre los reunidos el criterio de que Cataluña redacte libremente el Estatuto Catalán, sometiéndolo en su día al refrendo de las Cortes Constituyentes.

 

En este espíritu federalista de la asamblea se dijo también que el mismo criterio habría de seguirse por lo que respecta a otras regiones con personalidad definida, como son las Vascongadas, Galicia, etc., dentro de la unión perfecta de todas ellas.

 

Se convino ampliar las gestiones de todos los elementos antidinásticos, como el Partido Socialista, la Unión General de Trabajadores, la Confederación General del Trabajo, etcétera [...]”

 

La Vanguardia, Barcelona, 19 de agosto de 1930.

 

El Gobierno Provisional de la II República


Ésta fue la formación del Gobierno Provisional de la II República.

Prácticamente era un gobierno de concentración republicana, porque en su seno había representantes de partidos como el PSOE, a Acción Republicana, pasando por el Partido Republicano Radical, el Partido Republicano Radical-Socialista o incluso la Derecha Liberal Republicana. Concretamente, se trató de Alcalá-Zamora y Miguel Maura, de Derecha Liberal Republicana; Lerrox y Martínez Barrio, del Partido Republicano Radical; Albornoz y Marcelino Domingo, del Partido Republicano Radical- Socialista; Largo Caballero, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos, del PSOE; Manuel Azaña. de Acción Republicana; Casares Quiroga de la ORGA, y Nicolau d'Olwer, de Acció Catalana. Por tanto, partidos netamente republicanos, pero de un cariz reformista, no revolucionario.


Sus medidas, de carácter reformista, trataron de preparar el camino para implantar un sistema republicano que debería cristalizar en la convocatoria a unas Cortes Constituyentes que redactaran una Constitución (lo cual consiguieron mediante la designación de una Comisión Jurídica Asesora).


Además, este Gobierno Provisional, como estaba formado por diversas facciones del republicanismo, desde la izquierda, con el PSOE, a la derecha, con la DLR, sufrió fuertes tensiones en su seno.


El primer problema interno al que se tuvo que enfrentar fue el causado por la pastoral del cardenal Segura, de 1 de mayo de 1931, que generó un amplio movimiento contra la república recién implantada, y que conllevó la respuesta de las masas populares republicanas, quienes atacaron y quemaron conventos en Madrid el 11 de mayo. Como consecuencia, y ante una cierta permisividad por parte de algunos miembros del gobierno, otros, como Miguel Maura o Alcalá-Zamora, exigieron más contundencia en la represión de los alborotadores anticlericales. De hecho, el ministro de la Gobernación, Miguel Maura, quería medidas ejemplares contra los radicales.


Además, con la redacción de la Constitución, estalló otra controversia por el célebre artículo 26, que hacía referencia a una reelaboración y redefinición de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. A raíz de su aprobación, los ministros católicos citados anteriormente, dimitieron.


Sin embargo, y pese a estos problemas internos, la labor del Gobierno Provisional no debe considerarse fallida. De hecho, sentó las bases del desarrollo de la legislación durante el llamado bienio azañista, su prolongación natural.


Un primer elemento de la actuación legislativa de este gabinete, que se basó en el Estatuto Jurídico como marco político y jurídico fundamental mientras que se redactaba y se aprobaba la nueva Constitución, fue un intento de empezar a desarrollar la reforma agraria. Como sabemos, el problema de la situación de los campesinos era muy grave y se retrotraía a la época de las desamortizaciones. De esta forma, se aprobó la jornada laboral de 8 horas para los trabajadores rurales, así como la Ley de Términos Municipales, el Seguro de Accidentes de Trabajo, los jurados mixtos o la extensión al campo de los efectos de la Ley de Accidentes de Trabajo que afectaba a los obreros industriales. También se prohibió el deshaucio de los arrendatarios de fincas (lo cual era una medida muy usada por los terratenientes ante los vaivenes del mercado de trabajo) y se decretó el cultivo forzoso de tierras antes sin cultivar (por lo que obligó a los terratenientes a contratar a trabajadores). Asimismo se aprobó la concesión de créditos fáciles de pagar a los agricultores.
Respecto a la reforma agraria, se inició la legislación que trataría de redistribuir la tierra con un proyecto de asentamientos de trabajadores en tierras expropiadas con indemnización. Para ello se creó el Instituto de Reforma Agraria, el IRA, que debería financiar estas expropiaciones con una dotación de cincuenta millones de pesetas como mínimo.
Otro aspecto que se desarrolló en este período fue el inicio de la política educativa de la II República, mediante la creación de muchas plazas para los estudiantes y para los profesores. Además, se crearon las Misiones Pedagógicas para extender la cultura, de carácter laico, por los pueblos de España, esencialmente incultos y analfabetos (pese a la Ley Moyano, a la creación del Ministerio de Instrucción Pública a principios del XX y de la política educativa de Primo de Rivera). Unos políticos educados muchos de ellos en la Institución Libre de Enseñanza no podían obviar el tema de la educación, ya que era uno de los obstáculos más importantes para el asentamiento efectivo de los ideales de soberanía popular de los que iba a hablar la Constitución.
Por otro lado, se inició la reforma de las Fuerzas Armadas. Como sabemos, la situación del Ejército había provocado importantes trastornos durante la etapa de Alfonso XIII. Era prioritario, por tanto, un paquete de medidas de reforma. De esta manera, se cerró la Academia Militar de Zaragoza, ya que existían cinco academias especializadas y no era necesario mantener una Academia General. Por ello, se reducirían gastos. Además, se suprimieron regimientos y se revisaron los ascensos por méritos de guerra, se redujeron las divisiones orgánicas, que constituyeron la base del Ejército, y se eliminaron las capitanías generales. Pero, además, se decretó el retiro forzoso de los oficiales que no juraran su adhesión al nuevo régimen republicano. No debemos olvidar que, según Azaña (el entonces ministro de la Guerra), de 21.576 oficiales sólo se necesitaban unos 15.000. Por ello al que no juró lealtad a la república le obligó a un retiro forzoso. Uno de los problemas era el exceso de mandos, que absorvían unos recursos que se debían destinar a la modernización tecnológica.
Y, como colofón de toda su actuación, la convocatoria de Cortes Constituyentes, en las que la fuerza política ganadora fue una Conjunción republicano-socialista que englobaba a todos los partidos republicanos y socialistas, con la excepción de la Derecha Liberal Republicana.
Como conclusión, se trató de una etapa muy convulsa pero asimismo muy frutífera. El país lo necesitaba, pero por diversos motivos, tanto internos como externos, estas medidas no tuvieron una aplicación real consistente. Lo veremos más adelante.

El legado de Tony Judt

Admirado tanto por su talla intelectual, como por su valiente respuesta a la enfermedad que le llevó a la muerte, el historiador defiende en un libro póstumo la necesidad de ser críticos con quienes nos gobiernan y mantiene que la disconformidad es la savia de la vida social

TONY JUDT 26/09/2010  El País

 

Quienes afirman que el fallo es del "sistema" o quienes ven misteriosas maniobras detrás de cada revés político tienen poco que enseñarnos. Pero la disposición al desacuerdo, el rechazo o la disconformidad -por irritante que pueda ser cuando se lleva a extremos- constituye la savia de una sociedad abierta. Necesitamos personas que hagan una virtud de oponerse a la opinión mayoritaria. Una democracia de consenso permanente no será una democracia durante mucho tiempo.

 

Si los ciudadanos activos renuncian a la política, abandonan su sociedad en manos de funcionarios mediocres y venales.

Debemos hallar la forma de que las autoridades escuchen y respondan a quienes son su base y les paga: nosotros.

Es tentador hacer como todos: la vida en comunidad es mucho más sencilla cuando cada uno parece estar de acuerdo con los demás y la disconformidad es adormecida en aras de las convenciones del compromiso.

Las sociedades y las comunidades en que estas faltan o se han desintegrado no prosperan. Pero la conformidad tiene un precio. Un círculo cerrado de opiniones o ideas en el que nunca se permiten ni el descontento ni la oposición -o solo dentro de unos límites circunscritos y estilizados- pierde la capacidad de responder con energía e imaginación a los nuevos desafíos.

Estados Unidos es un país fundado sobre comunidades pequeñas. Como puede atestiguar cualquiera que haya vivido durante algún tiempo en uno de esos lugares, el instinto natural siempre es imponer una uniformidad normativa al comportamiento público de sus miembros. En Estados Unidos, esta disposición en parte es contrarrestada por la predisposición individualista de los primeros colonos y por la protección constitucional que otorgaron a la disconformidad individual y minoritaria. Pero este equilibrio, observado por Alexis de Tocqueville entre muchos otros, hace tiempo que se ha inclinado hacia la conformidad. Las personas siguen siendo libres de decir lo que quieran, pero si sus opiniones contradicen las de la mayoría, son marginadas de la sociedad. Como mínimo, el impacto de sus palabras es silenciado.

Gran Bretaña solía ser diferente: una monarquía tradicional gobernada por una élite hereditaria que mantenía su control del poder permitiendo e incluso incorporando la disconformidad y anunciando su tolerancia como una virtud. Pero el país se ha hecho menos elitista y más populista; la vena no conformista en la vida pública ha sufrido una descalificación constante -como Tocqueville habría previsto-. Actualmente, el desacuerdo enérgico con la opinión generalmente aceptada sobre cualquier cosa, desde la corrección política hasta los tipos impositivos, es casi tan poco frecuente en el Reino Unido como en Estados Unidos.

Hay muchas fuentes de disconformidad. En las sociedades religiosas, particularmente en aquellas que tienen un credo establecido -catolicismo, anglicanismo, islamismo, judaísmo-, las tradiciones de disconformidad más efectivas y duraderas están enraizadas en diferencias teológicas: no es casualidad que el Partido Laborista británico naciera en 1906 de una coalición de organizaciones y movimientos en la que las congregaciones no conformistas tuvieron gran protagonismo.

Las diferencias de clase también son un terreno abonado para la disconformidad. En las sociedades divididas en clases (o, en algunos casos, en las comunidades organizadas en castas), los que están abajo suelen tener una fuerte motivación para oponerse a su condición y, por extensión, a la organización social que la perpetúa.

En décadas más recientes, la disconformidad ha estado estrechamente relacionada con los intelectuales: un tipo de persona que primero se identificó con las protestas de finales del siglo XIX contra el abuso de poder por parte del Estado, pero que en nuestro tiempo es más conocido por hablar y escribir a contrapelo de la opinión pública.

Por desgracia, los intelectuales contemporáneos han mostrado muy poco interés en aspectos clave de la política pública, mientras que han intervenido o protestado sobre temas definidos éticamente en los que las opciones parecen más claras. Esto ha dejado los debates sobre la forma en que debemos gobernarnos en manos de especialistas políticos y think tanks, en los que rara vez tienen cabida opiniones no convencionales y el público queda prácticamente excluido.

El problema no es si estamos de acuerdo o no con un acto legislativo determinado, sino la forma en que debatimos nuestros intereses comunes. Por tomar un ejemplo evidente (por ser muy conocido): en Estados Unidos, a cualquier conversación sobre el tema del gasto público y las ventajas o desventajas de un papel activo del Gobierno enseguida se le aplican dos cláusulas de exclusión. De acuerdo con la primera, todos estamos a favor de que los impuestos sean tan bajos como sea posible y de que el Gobierno se entrometa lo mínimo en nuestros asuntos. La segunda -en realidad, una variación demagógica de la primera- afirma que nadie quiere que el "socialismo" sustituya nuestra forma de vida y de gobierno tradicional y eficiente.

A los europeos les gusta creerse menos conformistas que los estadounidenses. Les hacen sonreír los corrales religiosos a los que se retiran tantos ciudadanos estadounidenses, renunciando así a la independencia mental para adoptar el lenguaje del grupo. Señalan las consecuencias perversas de los referendos locales en California, donde unas iniciativas legislativas populares bien financiadas han destruido la base fiscal de la séptima economía mundial.

Sin embargo, en un reciente referéndum en Suiza se prohibió la construcción de minaretes en un país en el que solo hay cuatro y donde casi todos los residentes musulmanes son refugiados bosnios laicos.

Y los británicos han aceptado sumisamente todo, desde las cámaras de televisión de circuito cerrado hasta la vigilancia más invasora de la intimidad, en lo que ahora es la democracia más autoritaria y "sobreinformada" del mundo. En muchos aspectos, la Europa actual es mejor que los Estados Unidos contemporáneos, pero está lejos de ser perfecta.

Hasta los intelectuales han doblado la rodilla. La guerra de Irak vio cómo la gran mayoría de los comentaristas británicos y estadounidenses abandonaban toda apariencia de pensamiento independiente y se alineaban con el Gobierno. La crítica al ejército y a quienes ostentan la autoridad política -que siempre es más difícil en tiempo de guerra- se marginó y se trató casi como si fuera una traición. Los intelectuales de la Europa continental tuvieron más libertad para oponerse a la precipitada campaña, pero solo porque sus propios líderes eran ambivalentes y sus sociedades estaban divididas. (...)

Pero, al menos, la guerra, como el racismo, ofrece opciones morales claras. Incluso hoy, la mayoría de la gente sabe lo que piensa acerca de una acción militar o de los prejuicios raciales. Pero en el ámbito de la política económica, los ciudadanos de las democracias contemporáneas nos hemos vuelto demasiado modestos. Se nos ha aconsejado que dejemos esas cuestiones a los expertos: la economía y sus implicaciones políticas están mucho más allá del entendimiento del hombre o la mujer corrientes, de lo que se encarga el lenguaje cada vez más arcano y matemático de la disciplina.

No es probable que muchos "legos en la materia" se opongan al ministro de Economía o a sus asesores. Si lo hicieran, se les diría -como un sacerdote medieval podría haber aconsejado a su grey- que son cosas que no les incumben. La liturgia debe celebrarse en una lengua oscura, que solo sea accesible para los iniciados. Para todos los demás, basta la fe.

Pero la fe no ha bastado. Los emperadores de la política económica en Gran Bretaña y Estados Unidos, por no mencionar a sus acólitos y admiradores del resto del mundo desde Tallin hasta Tiflis, están desnudos. No obstante, como la mayoría de los observadores comparten desde hace mucho sus gustos sartoriales, no están en condiciones de decir nada. Tenemos que volver a aprender cómo criticar a quienes nos gobiernan. Pero para hacerlo con credibilidad hemos de librarnos del círculo de conformidad en el que tanto ellos como nosotros estamos atrapados.

La liberación es un acto de la voluntad. No podemos reconstruir nuestra lamentable conversación pública -lo mismo que nuestras ruinosas infraestructuras físicas- si no estamos lo bastante indignados por nuestra condición presente. Ningún Estado democrático debería poder lanzar una guerra ilegal sustentada en una mentira deliberada y no tener que responder de ello. El silencio que rodea la vergonzosa respuesta de la Administración Bush al huracán Katrina delata un cinismo deprimente hacia las responsabilidades y competencias del Estado: en realidad, esperamos que Washington no esté a la altura. La reciente decisión del Tribunal Supremo estadounidense de permitir el gasto ilimitado de las empresas en los candidatos electorales -y el escándalo de las "dietas" en el Parlamento británico- ilustra el papel incontrolado del dinero en la política actual. (...)

Entretanto, la vertiginosa pérdida de apoyo del presidente Obama, en gran medida debida a su torpe defensa de la reforma sanitaria, ha contribuido más todavía a la desafección de la nueva generación. Sería fácil retirarse en un hastío escéptico ante la incompetencia (y peor) de aquellos que actualmente tienen encomendado gobernarnos.

Pero si dejamos el desafío de la renovación política radical a la clase política existente -a los Blairs, Browns, Sarkozys, Clintons y Bushes y (me temo) Obamas-, solo acabaremos más decepcionados.

La disconformidad y la disidencia son sobre todo obra de los jóvenes. No es casual que los hombres y mujeres que iniciaron la Revolución Francesa, lo mismo que los reformadores y planificadores del new deal y de la Europa de la posguerra, fueran bastante más jóvenes que los que los precedieron. Ante un problema, es más probable que los jóvenes lo afronten y exijan su solución, en vez de resignarse. Pero también tienen más probabilidades que sus mayores de caer en el apoliticismo: como la política está tan degradada, debemos desentendernos de ella. (...)

Por consiguiente, lo primero que se le ocurre a un joven que quiere "comprometerse" es afiliarse a Amnistía Internacional o a Greenpeace, o a Human Rights Watch o a Médicos Sin Fronteras. El impulso moral es irreprochable. Pero las repúblicas y las democracias solo existen en virtud del compromiso de sus ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos.

Si los ciudadanos activos o preocupados renuncian a la política, están abandonando su sociedad a sus funcionarios más mediocres y venales. La Cámara de los Comunes británica ofrece actualmente un espectáculo penoso: un reducto de enchufados, subordinados serviles y pelotas profesionales -al menos, tan lamentable como en 1832, la última vez que fue asaltada y sus "representantes" expulsados de su sinecura-. El Senado estadounidense, en el pasado un bastión del republicanismo constitucional, se ha convertido en una parodia pretenciosa y disfuncional de su carácter original. La Asamblea Nacional francesa ni siquiera aspira al visto bueno del presidente del país, que la soslaya cuando quiere.

Durante el largo siglo del liberalismo constitucional, de Gladstone a Lyndon B. Johnson, las democracias occidentales estuvieron dirigidas por hombres de talla superior. Con independencia de sus afinidades políticas, Léon Blum y Winston Churchill, Luigi Einaudi y Willy Brandt, David Lloyd George y Franklin Roosevelt representaban una clase política profundamente sensible a sus responsabilidades morales y sociales. Es discutible si fueron las circunstancias las que produjeron a los políticos o si la cultura de la época condujo a hombres de este calibre a dedicarse a la política. Políticamente, la nuestra es una época de pigmeos.

Sin embargo, es todo lo que tenemos. Las elecciones al Parlamento, al Senado y a la Asamblea Nacional siguen siendo nuestro único medio de convertir la opinión pública en acción colectiva dentro de la ley. Así que los jóvenes no deben perder la fe en nuestras instituciones públicas. (...)

El fracaso democrático trasciende las fronteras nacionales. El vergonzoso fiasco de la Cumbre del Clima de Copenhague en diciembre de 2009 ya se está traduciendo en cinismo y desesperanza entre los jóvenes: ¿qué va a ser de ellos si no nos tomamos en serio las implicaciones del calentamiento global? El desastre sanitario en Estados Unidos y la crisis financiera han acentuado la sensación de impotencia incluso entre los votantes con mejor voluntad. Hemos de actuar guiándonos por nuestra intuición de una catástrofe inminente. (...)

La mayoría de los críticos de nuestra condición presente comienzan con las instituciones. Dirigen su atención a los parlamentos, los senados, los presidentes, las elecciones y los grupos de presión, y señalan las formas en que se han degradado o han abusado de la autoridad que se les ha confiado. Cualquier reforma, concluyen, debe comenzar ahí. Necesitamos leyes nuevas, sistemas electorales distintos, restricciones a los grupos de presión y a la financiación de los partidos; debemos dar más (o menos) autoridad al ejecutivo y hallar la forma de que las autoridades, elegidas o no, escuchen y respondan a quienes son su base y les paga: nosotros.

Algo va mal , de Tony Judt. Ediciones Taurus,

 

2 Artículos diferentes sobre las infraestructuras en España

Capital total, competencia desleal

Madrid también es capital económica de España, tras serlo administrativa y política. Y ello gracias a una estructura radial de carreteras y trenes que subvenciona con dinero público el transporte a o desde esa ciudad

GERMÀ BEL 08/03/2011 El País

 

Madrid ha accedido al estatus de capital económica de España en las últimas décadas, lo que unido a su condición de capital administrativa (desde 1561) y política (desde 1714) la ha convertido en capital total. Un "París de España", como desearon desde los primeros monarcas borbónicos -de origen francés- hasta ilustres reformadores de la España contemporánea. La idea de que Madrid debe su condición de capital económica a su situación, a la capitalidad político-administrativa y al sistema radial de transportes y comunicaciones ha sido ya expresada por eminentes historiadores y economistas de la propia capital. En ocasiones se presenta este desarrollo como una evolución natural, consecuencia de la posición geográfica de Madrid y de su capitalidad política. Nada más lejos de la realidad. Para los economistas (y los no economistas) es obvio qué es lo natural: lo que no precisa de leyes ni de subsidios. Aunque natural no implique necesariamente deseable (ni lo contrario); son categorías distintas.

El AVE confirma una severa distorsión de la competencia entre las áreas urbanas españolas

El Gobierno central hasta subvenciona al Real Madrid, convertido en imagen de marca de todo el país

Las ciudades españolas compiten, como todas, por encontrar su lugar en el espacio global, pero el uso de fondos públicos distorsionando la competencia ha sido un patrón de conducta tan regular que ha llegado a tomarse como algo natural. Ha afectado a diferentes políticas públicas, aunque pocas alcanzan la plasticidad de la de infraestructuras. El apoyo estatal a la capital no es nuevo. En el siglo XVIII se radializó la red de carreteras mediante leyes, presupuestos y subsidios. En el siglo XIX se radializó la red ferroviaria, con idénticos instrumentos legislativos y financieros. Aquellos polvos han traído estos lodos. La radialización no ha sido una evolución natural fruto del orden geográfico de las cosas.

De hecho, es precisamente este patrón lo que ayuda a entender por qué la política de infraestructuras en España tiene un carácter tan singular: 1. Un entusiasmo por la alta velocidad -AV- ferroviaria que nos ha convertido en los líderes en extensión de la red (aunque seamos farolillo rojo en su uso), con el objetivo de conectar todas las capitales de provincia con Madrid, al tiempo que menospreciaba el ferrocarril de mercancías. 2. Un modelo centralizado de gestión aeroportuaria sin parangón entre los países comparables. 3. Un modelo de financiación de las autopistas mixto (peajes sí, peajes no) y con gran asimetría territorial... Veámoslo.

España ya es líder mundial en AV ferroviaria, con permiso de China. Tenemos más kilómetros que los pioneros, Japón y Francia, y que Alemania... aunque nuestros menos de 20 millones de viajeros al año palidezcan por contraste con los más de 300 millones en Japón, más de 110 en Francia, y más de 70 en Alemania. La extensión del AVE en España es una subvención pública monumental. El canon que Renfe paga al gestor de infraestructuras ferroviarias -Adif- apenas financia el mantenimiento de las vías. No se recupera el coste de la inversión ni el del material móvil, sufragado por el Estado. Por ello, no extraña que Renfe haya anunciado beneficios de 2,5 millones de euros del AVE en 2010. De hecho, si el Estado financiase los sueldos del personal los beneficios aún serían mayores. Toda subvención ayuda a alguien. Algunos creen que esta ayuda a todos los españoles. Pero en realidad el subvencionado es el transporte a/desde Madrid, dada la extensión estrictamente radial de la red y la gran concentración de la movilidad encauzada por la AV hacia los nudos mayores de la red (Madrid en nuestro caso). Algunos quizás lo vean como promoción del interés general; pero en términos económicos supone una severa distorsión de la competencia entre las áreas urbanas españolas.

Nuestros aeropuertos sufren un grado anómalo de centralización, y las reformas anunciadas no alterarán sustancialmente esta situación. Como en la extensión del AVE, la solidaridad ha sido argumento recurrente: se decía que la gestión centralizada es necesaria para que los beneficios de los aeropuertos grandes subvencionen a los pequeños. Pero los datos económicos a nivel de aeropuerto, que el Ministerio de Fomento ha vuelto a difundir desde 2010 tras 11 años de sequía informativa (gracias, ministro), han revelado una realidad muy diferente: en 2009, último año con datos desagregados definitivos, AENA perdió 468,2 millones de euros. El mayor responsable de estas pérdidas es Madrid-Barajas, con 306,3 millones (6,3 euros por pasajero). A gran distancia, Barcelona-El Prat perdió 65,6 millones (2,4 euros por pasajero). Se dice a veces que esto se debe a las grandes inversiones realizadas. ¡Precisamente! En 2009 Barajas concentraba 5.918 millones de euros de la deuda embalsada (53% del total), y Barcelona 1.860,1 millones (16,5%). Sucede que en estos aeropuertos, sobre todo en Barajas, las tasas son demasiado bajas para cubrir costes. Otros aeropuertos los subsidian con tasas por encima de costes. ¿Interés general o competencia desleal? Con un modelo de gestión individual esto no hubiese sido posible, y la solidaridad podría haber sido de verdad.

En autopistas, España es única en Europa por el carácter mixto (peajes-no peajes) de su financiación, y por su gran asimetría territorial. En un extremo, en La Rioja tres de cada cuatro kilómetros de autopistas de titularidad estatal son de peaje. En el otro, existen regiones con cero peajes. El caso de Madrid es curioso: en 2004 entraron en servicio varias autopistas radiales de peaje que -se decía- mejorarían el equilibrio territorial de peajes. Al final del camino, el resultado ha sido la existencia de 11 accesos viarios de gran capacidad a la capital (cual París peninsular), de los que seis son libres, y los cinco restantes descongestionan en hora punta mediante peaje a los seis convencionales. Por el resto de franjas horarias, casi todas, están siendo objeto de rescate con el presupuesto del Estado. ¿Interés general o competencia desleal?

Las políticas de promoción y apoyo a nuestro París particular no se han limitado, por supuesto, a las infraestructuras y el transporte. En la última década del siglo pasado el proceso de concentraciones empresariales y privatizaciones generó una corriente de concentración de sedes en Madrid, buscando la cercanía del poder regulador, sin equivalente en países como Alemania e Italia. Ahora, la reforma financiera en curso ha provocado la centralización masiva en Madrid de las sedes operativas de las nuevas SIP y bancos derivados: Banca Mare Nostrum (Caja Murcia, Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra); Banca Cívica (CajaCanarias, Caja Navarra y Caja de Burgos y Caja Sol); banco Base (Cajastur, Caja del Mediterráneo, Caja de Extremadura y Caja Cantabria); Bankia (Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja). ¿Acaso era esta una de las motivaciones de la reforma?

En el límite de lo anecdótico, ¡el Gobierno central incluso subvenciona al Real Madrid!, aunque este compita con muchos otros clubes españoles. Con naturalidad se ha acogido que el Gobierno financie al principal club de fútbol de la capital política para identificar la imagen de España, difundiendo el eslogan visit Spain, visit Madrid. Por supuesto, son bien conocidas las fortalezas del club subsidiado; y también las debilidades de sus competidores no agraciados. Pero ni las fortalezas de uno ni las debilidades de otros son centrales en este asunto; la cuestión es que el Gobierno no debería usar fondos estatales distorsionando la competencia.

El caso de España no es natural. Entre otras políticas, lo revelan con gran claridad las radiales de infraestructuras, que al responder a objetivos políticos y administrativos, no podían ser soportadas por la dinámica de la actividad económica. Por eso han exigido y exigen una intensa asignación de fondos estatales mediante subvenciones y ayudas. Distorsionando así la competencia entre ciudades, y dañando a la productividad de la economía y al bienestar de los españoles. Quizás proceda pensar un poco en esto justo ahora, cuando las deficiencias de nuestra productividad nos devuelven a la realidad, durante años anestesiada por tanta modernidad ferroviaria y lujo aeroportuario. Aunque parece firmemente instalado en nuestro código genético colectivo el volver a las andadas tan pronto como la realidad nos da un respiro. Esta vez el respiro tardará más que en ocasiones anteriores. Y, llegado el momento, ¿habremos aprendido la lección?

Germà Bel es catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona y autor de España, capital París.

 

 

La conspiración radial

Los datos refutan la tesis, entre excéntrica y victimista, de que Madrid arrambla con las inversiones en transporte. Cataluña es desde 2004 la comunidad en la que Fomento gasta más en estas infraestructuras

RAFAEL SIMANCAS 18/03/2011 El País

 

La creciente afición de la política española por las teorías conspirativas ha llevado a cierto nacionalismo catalán a abrazar el alambicado revisionismo histórico que viene defendiendo Germà Bel (EL PAÍS, 8 de marzo). Al parecer, toda la política de transportes aplicada en España desde Felipe II ha estado guiada por la pérfida intención de fastidiar a los catalanes en beneficio de los madrileños.

El auge del aeropuerto del Prat tiene mucho que ver con los millones invertidos por el Estado

Fueron los dirigentes del Barça los que se negaron a lucir la leyenda "visit Spain"

Según esta teoría, quizás deberíamos revisar la interpretación histórica que siempre se dio sobre la caída en desgracia de Antonio Pérez y la siniestra princesa de Éboli a causa del asesinato nunca aclarado de Juan de Escobedo, secretario de Juan de Austria, allá por el siglo XVI. ¿Se oponía el duque de Alba al jacobinismo precoz del valido del rey? ¿Qué tuvo que ver en el asunto el coetáneo y oscuro conde de Barajas? ¿Estarían preparando ya la preeminencia injusta del aeropuerto de Madrid sobre el de Barcelona para cuando se inventara el aeródromo?

Esta y otras excentricidades moverían a la risa si no estuvieran sirviendo para alimentar el victimismo falso con el que parte de la política catalana dificulta un análisis ponderado de nuestra realidad territorial. En las siempre complejas relaciones entre Cataluña y el resto de España sobran las conspiraciones y se echan en falta más esfuerzos por un entendimiento racional.

Los argumentos de Bel apuntan a una tesis general, la utilización espuria de los fondos públicos para asegurar la primacía de Madrid sobre Barcelona, así como su lógico correlato radial en las decisiones sobre ferrocarriles, carreteras y aeropuertos adoptadas desde hace 450 años.

La tesis general se refuta fácilmente con un repaso rápido por los datos de los últimos presupuestos del Estado. Cataluña es la primera comunidad en inversión ejecutada por el Ministerio de Fomento desde el año 2004: más de 14.700 millones de euros hasta diciembre de 2010. Y también es la comunidad con la inversión más alta prevista para 2011. Pero si se prefiere comparar los porcentajes de participación del Estado en la financiación del transporte público, podemos señalar a Madrid con el 14% y a Cataluña con el 25%, casi el doble. Un centralismo muy original, desde luego.

La supuesta "madrileñidad" de la inversión ferroviaria también se da de bruces con la realidad. El mayor esfuerzo inversor del Estado en ferrocarril durante 2011 se llevará a cabo en Cataluña: 1.500 millones. Solo en las cercanías catalanas, los españoles hemos gastado más de 1.000 millones desde 2004, estando en ejecución hoy cerca de 800 millones. Incluso el metro (385 millones) y el tranvía (50 millones) de Barcelona, sin ser competencia estatal, reciben ayudas sustanciosas de la caja común.

Pero es la alta velocidad la que recibe en mayor medida los dardos nacionalistas. Resulta curioso cómo se ha descubierto repentinamente la supuesta "ineficiencia" de esta infraestructura, precisamente cuando el AVE ya está presente en Cataluña y el Estado pretende llevarlo también a otras comunidades. ¿Por qué las ventajas que disfruta Cataluña con su AVE no deben extenderse a otros territorios? ¿Cuándo debemos parar las "costosas" inversiones en la alta velocidad? ¿Antes o después de gastarnos los 589 millones previstos para la estación de La Sagrera en Barcelona? ¿Antes o después de invertir más de 4.000 millones en llevar el AVE desde Barcelona hasta la frontera francesa?

España ha apostado inteligentemente por el liderazgo en la alta velocidad ferroviaria y por sus múltiples rentabilidades, en términos de mejora de la competitividad, de preservación ambiental, de calidad de vida y de reequilibrio territorial.

¡Claro que el AVE español se desarrolla gracias a la "fuerte" subvención pública! ¡Como en todo el mundo! ¡Como en todos los modos de transporte! ¿O es que ocurre algo distinto con los puertos, los aeropuertos o las carreteras? ¿Por qué no preguntan por la rentabilidad del AVE a los 17 millones de viajeros que han visto reducir en más de un 40% el precio medio del transporte entre Barcelona, Zaragoza y Madrid?

La razón de que primen las conexiones con Madrid no responde a ninguna conspiración malévola, sino a la demanda, lógica por otra parte, de las correspondientes Administraciones territoriales. Todos buscan la conexión con el principal foco de actividad económica y cultural ¿O debemos imponer desde Madrid a los territorios una decisión distinta a la que expresan sus legítimos representantes? ¿Aquí no nos vale la "autodeterminación"?

La misma acusación de "centralidad anómala" se aplica sobre el transporte aéreo. Y también aquí los datos son concluyentes. Durante el año 2010, el tráfico de pasajeros se ha incrementado en El Prat en más de un 6,5%, cuatro puntos por encima de la subida de Barajas, a pesar del conde. Y en enero de este mismo año 2011 esa diferencia se ha elevado ya a los 14 puntos. Antes que con discriminación alguna, todo parece indicar que esta dinámica positiva tiene mucho que ver con los 1.258 millones invertidos por el Estado en la nueva terminal 1 del aeropuerto de Barcelona, reconocido el pasado mes de junio por la ACI (Airport Council International) como "el mejor aeropuerto de Europa".

Las inversiones siempre fueron por delante de las oportunidades en El Prat. De hecho, El Prat transporta hoy en torno a los 30 millones de viajeros al año, y la ampliación lo ha dejado listo para aumentar ese tráfico hasta los 50 millones.

La tendencia a la centralidad en la ejecución de carreteras es tan vieja como el imperio romano, o como el intento de todos los Gobiernos por evitarlo en clave de eficiencia multipolar. También en España. Solo hay que mirar el mapa. Hay centralidad en España en torno a las grandes capitales, y hay centralidad en Cataluña en torno a Barcelona. Pero el victimismo nacionalista se resiste a reconocer lo obvio: todas las Administraciones, especialmente esta actual, se esfuerzan en el desarrollo de ejes transversales. Las mayores inversiones en carreteras desde 2004 han tenido su destino en el eje de la A-8 en el norte, en la A-7 en el sureste, en la A-11 en el oeste, en la A-21 y A-23 en el noreste, y ninguno de ellos pasa por Madrid.

Claro que Bel y compañía se olvidan de otro modo de transporte crucial, el marítimo. Con el mismo rigor analítico, los madrileños podríamos lamentar la conjura de los dioses por privarnos de un buen puerto de mar, pese a que Cataluña disfruta de varios. Y con el mar, los puertos catalanes se han llevado en 2010 una inversión estatal de 265 millones, y otros 400 previstos para 2011. Y gracias a estas inversiones, los puertos catalanes superan a la media de puertos peninsulares en el incremento de tráfico de contenedores (7,27% en 2010) y en el tráfico de pasajeros (7,40% en 2010).

Otros argumentos rozan el ridículo. Se dice que los madrileños están forzando la residencia en la capital de las sedes operativas de los nuevos bancos derivados, como si un comando vallecano hubiera hecho estallar Lehman Brothers, Wall Street y la City londinense con tal propósito. ¿Por qué se señala como sospechosas de centralismo perverso a las compañías con residencia en Madrid? ¿Deberíamos los madrileños en justa reciprocidad señalar a Gas Natural, a Planeta o la mismísima Chupa-Chups como adalides del independentismo catalán? Claro que no.

En el colmo del delirio, se acusa al Gobierno de favorecer al Real Madrid ("el club de la capital política") con una financiación pública extra. Y el acusador se pone en evidencia cuando calla que tal financiación se otorga a cambio de una eficaz campaña de reclamo turístico para España por todo el mundo, y que la misma oferta se le hizo al FC Barcelona, con la negativa de sus dirigentes a lucir la leyenda "visit Spain". Quizás si la leyenda hubiera sido "Madrid nos castiga"...

Cataluña es una gran nacionalidad y Barcelona es una gran metrópoli, con un magnífico presente y un futuro extraordinario. Con sus problemas y sus necesidades, claro, y entre todos hemos de procurar atenderlas. Pero las soluciones no llegarán nunca de la mano de las teorías conspirativas, sino del trabajo duro, eficiente, leal y cooperador entre catalanes, madrileños, y españoles en general.

Rafael Simancas es portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados.

 

2 Artículos sobre la II República

 

 

 

 

LA II REPÚBLICA

 

Fuente: El País 14 abril de 2010

 

La República llegó en abril de 1931 de forma pacífica, con celebraciones populares en la calle y un ambiente festivo donde se combinaban esperanzas revolucionarias con deseos de reforma y cambio. Apenas cinco años después, esa República estaba defendiéndose en una guerra civil a la que le había llevado un golpe de Estado.

La Segunda República pasó dos años de relativa estabilidad, un segundo bienio de inestabilidad política y unos meses finales de acoso y derribo. Tuvo que enfrentarse a fuertes desafíos y amenazas desde arriba y desde abajo. Su ingente obra de reformas políticas y sociales abrió un abismo entre varios mundos culturales antagónicos, entre católicos practicantes y anticlericales convencidos, amos y trabajadores, Iglesia y Estado, orden y revolución.

Las dificultades que en España encontraron la democracia y la República para consolidarse procedieron de varios frentes. En primer lugar, resultó muy complicado consolidar una coalición estable de republicanos y socialistas, entre los representantes de un sector amplio de las clases medias y los de un sector también amplio de las clases trabajadoras urbanas. Ese proyecto común, que surgió en el verano de 1930 del pacto de San Sebastián y que presidió los primeros meses de la República, duró apenas dos años. Los republicanos más conservadores y católicos se desmarcaron ya del proyecto en octubre de 1931, con motivo del debate sobre la cuestión religiosa y de sus desacuerdos con el alcance de otros proyectos reformistas, principalmente el agrario y la legislación laboral puesta ya en marcha por los socialistas.

Fue precisamente la hostilidad hacia los socialistas la causa de que el Partido Radical, eje fundamental de la alianza republicana, abandonara el Gobierno y pasara a la oposición en el Parlamento en diciembre de 1931. Manuel Azaña, jefe de Gobierno tras aprobarse la Constitución, prefirió prescindir de Alejandro Lerroux, que le exigía la salida de los socialistas, y seguir con los tres representantes del PSOE en el Ejecutivo, pensando que era la mejor forma de estabilizar la República. Los apoyos parlamentarios del Gobierno se redujeron así considerablemente, porque los radicales habían obtenido 94 diputados en las elecciones constituyentes de ese año y las clases medias se dividían todavía más. El Partido Radical tenía detrás a un buen número de funcionarios, artesanos y profesionales liberales, como los tenían los republicanos de izquierda, pero también a empresarios y patronos que no comulgaban con las ideas y los proyectos de la izquierda.

Por abajo, lo que se supone que iba a ser la incorporación de la clase obrera al Gobierno y a la administración del Estado encontró desde el principio importantes límites, porque en la sociedad española había un potente movimiento anarcosindicalista que prefería la revolución como alternativa al gobierno parlamentario. Algunos de los grupos más puros de ese movimiento se lanzaron a la insurrección, en enero de 1932 y enero y diciembre de 1933, como método de coacción frente a la autoridad establecida. Sin embargo, como la historia de la República muestra, desde el principio hasta el final, el recurso a la fuerza frente al régimen parlamentario no fue patrimonio exclusivo de los anarquistas ni tampoco parece que el ideal democrático estuviera muy arraigado entre todos los sectores políticos republicanos o entre los socialistas, quienes ensayaron la vía insurreccional en octubre de 1934, justo cuando incluso los anarquistas más radicales la habían ya abandonado.

Frente a las reformas políticas y frente al lenguaje y prácticas revolucionarias, las posiciones antirrepublicanas crecían a palmos entre los sectores más influyentes de la sociedad como los hombres de negocios, los industriales, los terratenientes, la Iglesia o el Ejército. La CEDA, creada a comienzos de 1933, el primer partido de masas de la historia de la derecha española, se propuso defender la "civilización cristiana", combatir la legislación "sectaria" de la República y "revisar" la Constitución. Cuando esa "revisión" de la República en un sentido corporativo y autoritario no fue posible efectuarla a través de la conquista del poder por medios parlamentarios, sus dirigentes, afiliados y votantes comenzaron a pensar en métodos violentos. Sus juventudes y los partidos monárquicos ya habían emprendido la vía de la fascistización bastante antes. A partir de la derrota electoral de febrero de 1936, todos captaron el mensaje, sumaron sus esfuerzos para conseguir la desestabilización de la República y se apresuraron a adherirse al golpe militar.

El hundimiento del Partido Radical en diciembre de 1935, tras la salida a la luz de una serie de escándalos de corrupción, dejó a la República sin centro político. No había derecha liberal y no se podía contar con las masas católicas para las reformas, por muy moderadas que ésas fueran. La República, por lo tanto, tampoco pudo consolidarse desde arriba, fundamentalmente porque esos grupos no creían en ella y la coalición gubernamental de centro-derecha del segundo bienio se desintegró. En los primeros meses de 1936, el amplio espacio político de la CEDA lo comenzaron a ocupar las fuerzas extraparlamentarias y antisistema de la extrema derecha.

Algunos autores buscan la causa del "fracaso" de la República, pues ése es el término que suele utilizarse, en el territorio de la política, y más concretamente en la "polarización" y en la violencia política. Sin embargo, las manifestaciones más extremas de esa violencia, las insurrecciones anarquistas de 1932 y 1933 y la socialista de octubre de 1934, fueron reprimidas y ahogadas en sangre por las fuerzas armadas del Estado republicano. Mientras las fuerzas armadas y de seguridad se mantuvieron unidas y fieles al régimen republicano, los movimientos insurreccionales pudieron sofocarse.

Esas graves alteraciones del orden, como lo había sido ya la rebelión del general Sanjurjo en agosto de 1932, hicieron mucho más difícil la supervivencia de la República y del sistema parlamentario, pero no causaron su final, ni mucho menos el inicio de la guerra civil. En febrero de 1936 había habido elecciones libres y existía un Gobierno que emprendía de nuevo el camino de las reformas, con una sociedad, eso sí, más fragmentada y con la convivencia más deteriorada. El sistema político, por supuesto, no estaba consolidado y, como pasaba en todos los países europeos, posiblemente con la excepción de Gran Bretaña, el rechazo de la democracia liberal a favor del autoritarismo avanzaba a pasos agigantados.

Nada de eso, sin embargo, conducía necesariamente a una guerra civil. Ésta empezó porque una sublevación militar debilitó y socavó la capacidad del Estado y del Gobierno republicano para mantener el orden. El golpe de muerte a la República se lo dieron desde dentro, desde el propio seno de sus mecanismos de defensa, los grupos militares que rompieron el juramento de lealtad a ese régimen en julio de 1936. La división del Ejército y de las fuerzas de seguridad impidió el triunfo de la rebelión. Pero al minar decisivamente la capacidad del Gobierno para mantener el orden, ese golpe de Estado dio paso a la violencia abierta, sin precedentes, de los grupos que lo apoyaron y de los que se oponían. En ese momento, y no en octubre de 1934 o en la primavera de 1936, comenzó la guerra civil.

 

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza.

 

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El 75 aniversario de la II República

 

Fuente: Diario de Teruel 14  abril 2005

 

Este año se va a producir el 75 aniversario de la proclamación de la II República en España. Han surgido algunos seudo-historiadores que, con grandes y suntuosos soportes editoriales, han denigrado y vilipendiado, y lo seguirán haciendo, este periodo histórico, inculpándole del desencadenamiento de la Guerra Civil, y que sólo merecería estudiarse como un mal ejemplo, de lo que nunca debería hacerse. No consumiré palabra alguna de réplica. Cada uno es libre de decir o pensar lo que parezca oportuno. Allá cada uno con su conciencia.

Muy al contrario, este periodo fue el intento más serio y profundo para abordar la resolución de variados y enquistados problemas multiseculares, para modernizar España y equipararnos con la mayoría de los países europeos occidentales.

Un "problema agrario", como consecuencia de un injusto reparto de la propiedad que provocaba una situación trágica de muchos jornaleros agrícolas que a duras penas lograban sobrevivir. Por ello pretendieron darles un medio de vida digno por medio de una Reforma Agraria, que fue boicoteada tanto por los grandes terratenientes, al considerarla un atentado contra la propiedad privada, como por el sindicalismo anarquista por ser insuficiente.

Un "problema educativo", que provocaba el analfabetismo de casi la mitad de la población española. Impulsaron la cultura y la educación como nunca había ocurrido en nuestra historia. La situación en el año 1931 era lamentable, casi la mitad de la población era analfabeta. Cualquiera que se sintiera buen español tenía que sentir vergüenza y escarnio. Difícilmente se podía democratizar el país si buena parte de sus ciudadanos permanecían en la indigencia cultural. Para paliar esta situación se crearon las Misiones Pedagógicas, en mayo de 1931, siendo ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Marcelino Domingo; con el objetivo de llevar a las gentes, con preferencia a las que habitasen el mundo rural, el aliento del progreso y los medios de participar en él, de modo que los pueblos todos de España, aún los más apartados, participasen de las ventajas y gozos nobles reservados hoy a los centros urbanos. En la Memoria del Patronato de las Misiones Pedagógicas de 1934 el número de Bibliotecas sobrepasaba la cifra de 5.000. Del mismo modo se construyeron más de 6.500 escuelas en tres años (frente a sólo 500 entre 1909 y 1931), además de subir el sueldo a los maestros en un 50%. Las campañas para enseñar a leer y escribir a millones de personas no tenían precedente en nuestra historia.

Un "problema de regional", que producía tensiones continuas a la hora de la construcción de la forma de Estado, como consecuencia de las aspiraciones legítimas de determinadas regiones periféricas a ciertas cotas de autogobierno, que se sentían encorsetadas dentro de un sistema centralista, creado por la revolución liberal burguesa decimonónica. Por ello consiguieron la aprobación de los Estatutos, como el de Cataluña de 1932.

Un "problema militar", que llevaba consigo el continuo intervencionismo del ejército en la vida política, que hacía harto difícil una democracia auténtica. Azaña intentó hacer un ejército profesional, subordinado al poder civil y que la política se decidiera en el Parlamento y no en los cuartos de banderas de los cuarteles, como siempre había ocurrido lamentablemente en la historia española.

Un "problema religioso", debido a la dificultad de separar las dos esferas: la política de la religiosa. Intentaron crear un estado laico, libre de dogmatismos religiosos; una sociedad laica, en la que los dos ámbitos, el civil y el religioso estuvieran separados, no enfrentados; en la que fuera posible alcanzar una ley del divorcio, matrimonio civil, secularización de los cementerios. Algo ya conseguido en las sociedades europeas avanzadas desde hacía ya bastante tiempo.

Un "problema social" pavoroso, que significaba que la mayoría de los españoles no tuvieran una vida medianamente digna. Crearon una legislación social avanzada con la finalidad de que amplios sectores de la sociedad mejorasen, aunque fuera de una manera somera, su deplorable situación. Subidas salariales, legislación contra el paro, jurados mixtos, etc.

A la solución de estos complejos y enquistados problemas se embarcaron los políticos republicanos españoles. La tarea asumida por la República era mucha, y llevarla a cabo suponía tocar los privilegios de determinados sectores de la sociedad española. La República llena de políticos intelectuales pecó de ingenua no de mala fe, y no supo calibrar los enemigos que se estaba granjeando. El Ejército, la Iglesia, los terratenientes, los capitalistas, sobre todo, desde el primer día se pusieron en contra de la República. Ahí está el origen de la Guerra Civil.

Los principios éticos que inspiraron la II República, no sólo no están muertos, todo lo contrario, todavía hoy pueden servirnos de punto de referencia. Nada mejor para mostrarlos que las palabras de Azaña, pronunciadas en abril de 1934 en la Sociedad el Sitio de Bilbao: Creo que la democracia en España es el procedimiento para alumbrar las aguas vivas que corren todavía sepultadas en lo profundo del pueblo español. Soy demócrata para España, porque creo que es el único procedimiento de sacar a España del decúbito supino en que desde haces siglos yace. Esa época es un manantial del que sigue brotando agua fresca y cristalina.

 

 

 

Cándido Marquesán Millán

Textos de ayer para hoy: "España sin pulso", de Francisco Silvela

España sin pulso.

 

"Varones Ilustres, ¿hasta cuándo seréis de corazón duro? ¿Por qué amáis la vanidad y vais tras la mentira?." (Isaías. Salmo IV )


Quisiéramos oír esas o parecidas palabras brotando de los labios del pueblo; pero no se oye nada: no se percibe agitación en los espíritus, ni movimiento en las gentes.
Los doctores de la política y los facultativos de cabecera estudiarán, sin duda, el mal: discurrirán sobre sus orígenes, su clasificación y sus remedios ; pero el más ajeno a la ciencia que preste alguna atención a asuntos públicos observa este singular estado de España : dondequiera que se ponga el tacto, no se encuentra el pulso.
Monárquicos, republicanos, conservadores. liberales, todos los que tengan algún interés en que este cuerpo nacional viva, es fuerza se alarmen y preocupen con tal suceso. Las turbulencias se encauzan; las rebeldías se reprimen: hasta las locuras se reducen a la razón por la pena o por el acertado régimen : pero el corazón que cesa de latir y va dejando frías e insensibles todas las regiones del cuerpo. anuncia la descomposición y la muerte al más lego.

La guerra con los ingratos hijos de Cuba no movió una sola fibra del sentimiento popular. Hablaban con elocuencia los oradores en las cámaras de sacrificar la última peseta y derramar la postrer gota de sangre... de los demás ; obsequiaban los Ayuntamientos a los soldados, que saludaban y marchaban sumisos, trayendo a la memoria el Ave César de los gladiadores romanos : sonaba la Marcha de Cádiz ; aplaudía la prensa, y el país, inerte, dejaba hacer. Era, decíamos, que no interesaba su alma una lucha civil, una guerra contra la naturaleza y el clima, sin triunfos y sin derrotas.

Se descubre más tarde nuestro verdadero enemigo ; lanza un reto brutal; vamos a la guerra extranjera; se acumulan en pocos días, en breves horas, las excitaciones más vivas de la esperanza, de la ilusión, de la victoria, de las decepciones crueles. de los desencantos más amargos, y apenas si se intenta en las arterias del Suizo y de las Cuatro Calles una leve agitación por el gastado procedimiento de las antiguas recepciones y despedidas de andén de los tiempos heroicos del señor Romero Robledo.

Se hace la paz, la razón la aconseja, los hombres de sereno juicio no la discuten; pero ella significa nuestro vencimiento, la expulsión de nuestra bandera de las tierras que descubrimos y conquistamos; todos ven que alguna diligencia más en los caudillos, mayor previsión en los Gobiernos hubieran bastado para arrancar algún momento de gloria para nosotros, una fecha o una victoria en la que descansar de tan universal decadencia y posar los ojos y los de nuestros hijos con fe en nuestra raza : todos esperaban o temían algún estremecimiento de la conciencia popular; sólo se advierte una nube general de silenciosa tristeza que presta como un fondo gris al cuadro, pero sin alterar vida, ni costumbres, ni diversiones, ni sumisión al que, sin saber por qué ni para qué, le toque ocupar el Gobierno.

Es que el materialismo nos ha invadido, se dice : es que el egoísmo nos mata: que han pasado las ideas del deber, de la gloria, del honor nacional; que se han amortiguado las pasiones guerreras, que nadie piensa más que en su personal beneficio.

Profundo error ; ese conjunto de pasiones buenas y malas constituyen el alma de los pueblos, vivirán lo que viva el hombre, porque son expresión de su naturaleza esencial. Lo que hay es que cuando los pueblos se debilitan y mueren su pasiones. no es que se transforman y se modifican sus instintos, o sus ideas, o sus afecciones y maneras de sentir; es que se acaban por una causa más grave aún : por la extinción de la vida.

Así hemos visto que la propia pasividad que ha demostrado el país ante la guerra civil, ante la lucha con el extranjero, ante el vencimiento sin gloria, ante la incapacidad que esterilizaba los esfuerzos y desperdiciaba las ocasiones la ha acreditado para dejarse arrebatar sus hijos y perder sus tesoros; y amputaciones tan crueles como el pago en pesetas de las Cubas y del Exterior, se han sufrido sin una queja por las clases medias, siempre las más prontas y mejor habilitadas para la resistencia y el ruido.

En vano la prensa de gran circulación, alentada por los éxitos logrados en sucesos de menor monta, se ha esforzado en mover la opinión, llamando a la puerta de las pasiones populares, sin reparar en medios y con sobradas razones muchas veces en cuanto se refiere a errores, deficiencias e imprevisiones de gobernantes: todo ha sido inútil y con visible simpatía mira gran parte del país la censura previa, no porque entienda defiende el orden y la paz, sino porque le atenúa y suaviza el pasto espiritual que a diario le sirven los periódicos y los pone más en armonía con su indiferencia y flojedad de nervios. No hay exageración en esta pintura, ni pesimismo en deducir de ella, como en el clásico epigrama,

que una cosa tan bellaca
no puede parar en bien.


Que contemplen tal y tan notorio estrago los extraños con indiferencia, y que lo señalen y lo hagan constar los que pudieran ser herederos de nuestro patrimonio con delectación poco disimulada, se explica : pero los que tienen por oficio y ministerio la dirección del estado no cumplirán sus más elementales deberes si no acuden con apremio y con energía al remedio, procurando atajar el daño con el total cambio del régimen que ha traído a tal estado el espíritu público.

Hay que dejar la mentira y desposarse con la verdad; hay que abandonar las vanidades y sujetarse a la realidad, reconstituyendo todos los organismos de la vida nacional sobre los cimientos, modestos, pero firmes, que nuestros medios nos consienten, no sobre las formas huecas de un convencionalismo que, como a nadie engaña, a todos desalienta y burla.

No hay que fingir arsenales y astilleros donde sólo hay edificios y plantillas de personal que nada guardan y nada construyen: no hay que suponer escuadras que no maniobran ni disparan, ni citar como ejércitos las meras agregaciones de mozos sorteables ni empeñarse con conservar más de lo que podamos administrar sin ficciones desastrosas, ni prodigar recompensas para que se deduzcan de ellas heroísmos, y hay que levantar a toda costa, y sin pararse en amarguras y sacrificios y riesgos de parciales disgustos y rebeldías, el concepto moral de los gobiernos centrales, porque si esa dignificación no se logra, la descomposición del cuerpo nacional es segura.

El efecto inevitable del menosprecio de un país respecto de su Poder central es el mismo que en todos los cuerpos vivos produce la anemia y la decadencia de la fuerza cerebral : primero, la atonía, y después, la disgregación y la muerte.Las enfermedades´ dice el vulgo, que entran por arrobas y salen por adarmes, y esta popular expresión es harto más visible y clara en los males públicos.

La degeneración de nuestras facultades y potencias tutelares ha desbaratado nuestra dominación en América y tiene en grave disputa la del Extremo Oriente; pero aún es más grave que la misma corrupción y endeblez del avance de las extremidades a los organismos más nobles y preciosos del tronco, y ello vendrá sin remedio si no se reconstituye y dignifica la acción del Estado. Engañados grandemente vivirán los que crean que por no vocear los republicanos en las ciudades, ni alzarse los carlistas en la montaña, ni cuajar los intentos de tales o cuales jefes de los cuarteles, ni cuidarse el país de que la imprenta calle o las elecciones se mixtifiquen, o los Ayuntamientos exploten sin ruido las concejalías y los Gobernadores los juegos y los servicios, está asegurado el orden y es inconmovible el Trono, y nada hay que temer ya de los males interiores que a otras generaciones afligieron. Si pronto no se cambia radicalmente de rumbo, el riesgo es infinitamente mayor, por lo mismo que es más hondo´ y de remedio imposible, si se acude tarde ; el riesgo es el total quebranto de los vínculos nacionales y la condenación, por nosotros mismos, de nuestro destino como pueblo europeo y tras de la propia condenación, claro es que no se hará esperar quien en su provecho y en nuestro daño la ejecute.

Francisco Silvela. El tiempo, 16 de agosto de 1898